LA AUDIENCIA PROVINCIAL ORDENA A UN JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE INVESTIGUE LA TRAMA ARROYO

lunes, 13 de abril de 2015

REVOCA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA PARA PRACTICAR NUEVAS DILIGENCIAS



La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 16ª, ha notificado hoy un auto en el que estima el recurso de apelación interpuesto en nombre de nuestro compañero Miguel Ángel y deja sin efecto el archivo de su denuncia.

El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid acordó en noviembre el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al estimar que no se apreciaba delito de estafa en los hechos denunciados, cometidos por la trama que encabeza el prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

El letrado de STOP ESTAFADORES, Carlos J. Galán, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución y ahora la Audiencia Provincial de Madrid -en un auto unánime de los tres magistrados de sala y del que ha sido ponente D. Francisco-David Cubero Flores- estima dicho recurso y acuerda revocar el sobreseimiento.

La sala aplica, además de un riguroso análisis jurídico, un notable sentido común al plantear que "de entrada llama la atención el tipo de contrato de préstamo hipotecario suscrito", puesto que se obtienen supuestamente 40.000 € "con la garantía hipotecaria de una vivienda que tiene un valor en el mercado muy superior, por mucho que la crisis haya devaluado el valor de los inmuebles". 

Pero considera "más llamativo aún" el plazo, esto es, que se "obligue al deudor a devolver el importe en el corto plazo de 6 meses. Si una persona se encuentra con serios problemas económicos, como parece ser el caso del denunciante, no tiene mucho sentido contratar un préstamo por un importe significativo, más de 40.000 euros, a devolver no en cómodos plazos de cinco, diez o quince años, sino en el perentorio plazo de 6 meses. Si la situación es mala en el momento de contratar , las perspectivas de que mejore en 6 meses no son muy realistas". Es evidente, como venimos denunciando, que el objetivo de estas tramas, que no estudian la solvencia del prestatario sino su inmueble, es apoderarse de la vivienda a un precio irrisorio.

La sala cree que sí podría existir un engaño penalmente relevante y que debe investigarse "qué tipo de mecanismo se ha utilizado para convencer a una persona para que firme que ha recibido 28.000 euros, cuando sólo ha recibido 18.000 euros".

Para ello, considera necesario, entre otras diligencias, que se oiga al propio denunciante, que se compruebe la "constancia documental de la salida de dicho dinero de las arcas del denunciado Sr. Arroyo", que se interrogue al intermediario Pablo Pérez, de Invercapital y que se incorporen a la causa los informes policiales de la UDYCO. 

Habían defendido la procedencia del archivo el prestamista Arroyo, los dos ejecutores contra la vivienda del afectado a los que aquél vendió las letras y el Ministerio Fiscal, cuyo papel sigue siendo decepcionante. Pero la sala ha dado la razón al recurso del letrado de Stop Estafadores que defendía en solitario que  no procedía el archivo.

El asunto ahora regresa al Juzgado de Instrucción, donde deberá seguir investigándose la presunta estafa denunciada. 

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