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viernes, 13 de febrero de 2015

LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS EN PRÉSTAMOS NO BANCARIOS PIDEN CAMBIOS LEGISLATIVOS

Los recientes desahucios de Carmen, la anciana del madrileño barrio de Vallecas, y Umberto, desalojado de su casa en el distrito de Tetuán a instancia del controvertido prestamista Antonio Arroyo, han reavivado el debate social sobre la actividad de los prestamistas no bancarios.

La asociación STOP ESTAFADORES, que agrupa a las víctimas de presuntas estafas cometidas por tramas delictivas que se mueven en este sector, ha solicitado cambios legislativos que eviten unas prácticas irregulares que consideran muy extendidas.

Stop Estafadores ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos para formular sus propuestas. Ya han mantenido los primeros encuentros con el PSOE y UPyD y están a la espera de ser recibidos en breve por IU. Pero también pretenden dar a conocer la problemática al partido actualmente en el gobierno, el PP, así como a los grupos nacionalistas y a fuerzas emergentes como Podemos o Ciudadanos.

La asociación considera que la Ley 2/2009 que reguló por vez primera el sector se ha revelado como “claramente insuficiente para evitar las variadas prácticas abusivas que se registran cada día e incluso la actuación de redes de estafas que buscan apoderarse de inmuebles con un desembolso real irrisorio”.

Piden que se acometan modificaciones en el texto legal para que “se limiten de forma clara las comisiones e intereses, evitando así la usura”,pero también que “la entrega del capital se tenga que hacer de manera segura y fehaciente, para impedir que se acaben firmando cantidades que realmente luego no se entregan”. También creen que deben ponerse en marcha los registros públicos de prestamistas “que seis años después de legislarse siguen sin funcionar en un ejemplo de desidia inaceptable” y que los mismos “sirvan de manera efectiva para dar transparencia y para ejercer un control y una vigilancia y no como una mera obligación burocrática”. 

Pero Stop Estafadores no sólo quiere que se cambie la ley para prevenir nuevos afectados. Su presidente, Juan Puche, también exige “que se haga justicia que quienes ya hemos sido víctimas”. Por eso llevan varios años reclamando a la Fiscalía que impulse una investigación “global y a fondo” sobre algunas de las tramas más conocidas, “porque la coincidencia de testimonios y de denuncias de familias es abrumadora y no puede seguir haciéndose oídos sordos mientras los estafadores siguen actuando con absoluta impunidad”.

Pablo Fajardo
Jefe de Prensa

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