NO BASTA CON PARCHES, STOP ESTAFADORES PIDE IR A LA RAÍZ DEL PROBLEMA

miércoles, 26 de noviembre de 2014


Ante la repercusión social que ha tenido el desalojo de Carmen, una mujer de 85 años, de su vivienda en el madrileño barrio de Vallecas por la deuda contraída con un prestamista, la asociación STOP ESTAFADORES quiere hacer un llamamiento a los poderes públicos para que actúen con decisión ante un mercado, el de los préstamos de capital privado, que tiene hoy en nuestro país una regulación sumamente deficiente. 

No compartimos el planteamiento que quiere presentarnos esta realidad como si fuera algo normal y absolutamente legal que, sin embargo, en algunas ocasiones tiene efectos colaterales dramáticos. No puede tomarse como normal que por un préstamo de 40.000 se reclamen 70.000, ni que se acaben adjudicando por ese importe una vivienda de 160.000 euros de valor, según nos dicen los propios medios. 

Queremos que se ataque la raíz del problema, porque el sector de los préstamos de capital privado en nuestro país es una auténtica “ley de la selva” donde, junto a algunos profesionales rigurosos, campan un elevado número de desaprensivos que se mueven con total impunidad. 

Resulta descorazonador ver cómo, mientras los activistas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y algunos ciudadanos dan la cara ante estas situaciones, los poderes públicos permanecen ajenos a la realidad. No es satisfactorio que tenga que ser un club de fútbol quien ofrezca una alternativa de alojamiento a la víctima. Pedimos que se mejore la regulación de estos préstamos, que se ejerza un auténtico control sobre los operadores del sector y que se investigue la actuación de determinadas redes de intereses inmobiliarios. 

Desde Stop Estafadores venimos denunciando hace tiempo ante la fiscalía los entramados societarios que, operando en el sector de los préstamos de capital privado, no tienen más objetivo que apoderarse irregularmente de inmuebles de familias, a través de una calculada operativa de engaño y con desembolsos reales irrisorios. Mientras la administración y la justicia no se decidan a afrontar el fondo del asunto, seguiremos ofreciendo parches sólo a situaciones muy puntuales que trascienden públicamente. 

La Ley 2/2009, que situó este tipo de operaciones bajo responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, y el inoperante registro de profesionales que creó, se ha revelado como una normativa claramente insuficiente para ejercer un control real y efectivo. 

Esto ha posibilitado que se produzcan, dentro de una actividad legal, algunos abusos ante la pasividad de las autoridades. Pero, además, ha permitido que incluso algunos vayan un paso más allá, y se hayan creado redes literalmente delictivas que practican la estafa sistemática y que tienen sus víctimas entre personas con necesidades económicas apremiantes.

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